La disputa política entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de la capital se filtró en el conflicto por la venta ambulante. Los comerciantes callejeros, afiliados al sindicato, aseguraron que no firmaron el traslado al predio de El Provincial porque un grupo de puesteros cuenta con la promesa de funcionarios municipales para seguir trabajando en la vía pública. Este grupo, a su vez, acusó al referente de los ambulantes sindicalizados, Claudio Robledo, de recibir dinero del Gobierno para aceptar el traslado. El delegado lo negó y dijo sentirse "en el medio" de una pelea política.
La Policía confirmó que la semana próxima desplegará el operativo de erradicación, y los ambulantes afirmaron que resistirán. La sensación que queda, en suma, es que falta planificación e intención real para resolver este conflicto por la vía de las propuestas. En estas cuestiones sensibles, los funcionarios provinciales y municipales deberían unir criterios y dejar las divisiones para las confrontaciones electorales.